Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, los diputados Martí Batres Guadarrama, Margarita Tapia Fonllem y Silvano Blanco Deaquino, del PRD, demandaron que la iniciativa fuera desechada al considerar que se trata de “una contrarreforma; una regresión a condiciones jurídicas previas al siglo XX y a la Revolución Mexicana, además de que no es una reforma de futuro, no es modernizadora y no es democratizadora”.
Agregaron que con ésta se introduce el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, la fragmentación del salario y el empleo y se mantiene intacto el viejo corporativismo sindical.
Lamentaron que en el dictamen se dejaran fuera las propuestas de avanzada del PRD y en cambio, mediante la reforma del Presidente Felipe Calderón, se anula la estabilidad del empleo; facilita la imposición de bajos salarios; condiciona la permanencia en el empleo a la productividad; desaparece los contratos de planta y anula el pago de indemnizaciones por despido.
Mencionaron que dicha reforma legaliza también las renuncias en blanco al no prohibirlas; pulveriza el salario volviéndolo infinitesimal al prever los contratos por hora; legaliza las outsourcing; anula las posibilidades de construir seguridad social, jubilación y prestaciones y acorta el pago de salarios caídos a un año, entre otros.
En su turno, el diputado Adolfo Orive Bellinger, del grupo parlamentario del PT, afirmó que no es abaratando los costos del trabajador como se puede reactivar la economía, sino impulsando que el empresario reinvierta.
“Debemos tener una reforma que contemple la intervención del Estado en la economía, la capacitación y fortalecimiento del trabajador para incrementar el ingreso medio de los trabajadores”, sostuvo.
Aclaró que deben mejorarse las modificaciones de la reforma, de tal suerte que invite a los empresarios a fomentar el mercado interno, de lo contrario, advirtió, existe el riesgo de que tres millones 630 mil pequeños y medianos empresarios quiebren.
Por último pidió que el aviso de la terminación laboral no se deje a la Junta de Conciliación y Arbitraje ya que, argumentó, “esta puede tardar en informarle al trabajador”.
Del Movimiento Ciudadano, la diputada Luisa María Alcalde Luján expresó que serán los jóvenes egresados de universidades los principales afectados con esta reforma, ya que no resuelve el problema de fondo. Pidió además no eliminar la parte de transparencia sindical.
Sobre limitar los salarios caídos en litigios laborales, la legisladora sugirió eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje y enfocarse en lograr una justicia autónoma en la que haya juicios laborales cortos, evitando los procesos largos que llegan a durar de 4 a 5 años y orillan a negociar al trabajador con el patrón.
“Es necesario garantizar la estabilidad laboral y no sólo buscar el cubrir los mínimos. Necesitamos garantizar bienestar y salarios dignos, además de resolver los temas de fondo para dar respuesta a la mayoría de los mexicanos”.
Asimismo, pidió proveer de recursos suficientes a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para acelerar el trato de litigios laborales, además de sancionar a aquellos funcionarios que tarden más de un año en darle una solución para evitar así la quiebra de empresas por los pagos suntuosos por el concepto de salarios caídos.
Con información del Congreso de la Unión
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